Ensayo de La criminalidad en Honduras
CRIMINALIDAD DE HONDURAS
Introducción
Cuando hablamos de criminalidad, crimen o delincuencia, hacemos referencia a un fenómeno complejo que posee diferencias cuantitativas y cualitativas que es preciso definir. Para comprenderlo mejor, podemos hablar de una CRIMINALIDAD MENOR, referida a actos delictivos de poca monta, por lo general contra la propiedad, expresada en hurtos y robos en pequeña cuantía, fruto del descuido de las víctimas y de cierta improvisación del delincuente o criminal. Se caracteriza por la velocidad, la escasa sofisticación, una planificación elemental y cierta concentración geográfica o circunstancial.
Marco Teórico
En Honduras se llevan a cabo al menos 10 asesinatos cada día. La tasa de homicidios en Honduras, que se situó en 2022 en el 35,09 por cada cien mil habitantes, ha caído respecto a 2021, en el que fue del 38,25.
Esta criminalidad prolifera en la calle, el transporte colectivo, los puntos de mucha concentración de personas, pasajes solitarios y puntos vulnerables asociados a mercados, puntos de autobuses y taxis, cercanía de hospitales y centros asistenciales, entre otros.
También existe una CRIMINALIDAD MAYOR, asociada a bandas delincuenciales y a narcotraficantes, asaltos bancarios y secuestros, que supone niveles elevados de planificación, equipamiento y tecnología, involucramiento de un mayor número de delincuentes y, si es necesario, utilización de armas de grueso Criminalidad y Violencia calibre y/o de actividades de inteligencia. Por lo general actúan en el anonimato, poseen fuertes vínculos con el poder local, nacional e internacional, ya sean políticos, militares, policías, fiscales, jueces, empresarios y funcionarios intermedios, los cuales actúan como informantes, facilitadores, encubridores o cómplices.
En la última década, la problemática de la inseguridad y la impunidad ha afectado profundamente a los habitantes de Honduras y catalogado a la región, conocida como el triángulo norte de Centroamérica, como una de las más violentas del mundo. Los altos niveles de violencia, corrupción e impunidad han socavado la capacidad de los Estados de construir instituciones accesibles y eficientes; así como de abordar de manera más efectiva las necesidades de sus poblaciones.
La ausencia de respuestas efectivas ha debilitado la confianza ciudadana en las instituciones estatales y resultado en un alarmante número de habitantes quienes se han visto obligados a desplazarse internamente o emigrar para escapar de la violencia y la falta de oportunidades económicas.
La violencia y la proliferación del crimen organizado constituyen dos de los principales problemas en Honduras. El aumento de estos flagelos ha desestabilizado el tejido social del país, socavando su desarrollo socioeconómico y erosionando su Estado de derecho. Además, ha puesto a prueba la capacidad del Estado para combatirlos.
Entre uno y otro extremo se encuentra una CRIMINALIDAD INTERMEDIA que se encuentra en un nivel superior a la delincuencia menor pero que todavía no adquiere los niveles de sofisticación de la criminalidad mayor. Es más organizada que aquélla, pero menos equipada que ésta. Maneja información de sus victimas, actúa de manera coordinada pero carece de los recursos humanos, técnicos y de inteligencia que le permitan evadir por mucho tiempo las persecuciones o investigaciones sobre sus actos e integrantes. Existe una relación inversamente proporcional entre los niveles de delincuencia o criminalidad que se ha detallado y el impacto económico que produce.
Entre 2014 y 2017, la violencia y las redes de crimen organizado continuaron presentando niveles alarmantemente altos. Los homicidios ocurridos en ese periodo orillaron a la ciudadanía a vivir en uno de los países más inseguros del mundo, considerado en 2012 como la “capital mundial del crimen”, cuando su tasa de homicidios fue la más alta del mundo (dentro de los países sin guerra declarada.
Durante los cuatro años estudiados por este informe, se reportaron 20 100 homicidios en Honduras, siendo este el principal motivo de las muertes por causas externas en el país. La tasa promedio de asesinatos por cada 100 mil habitantes fue de 57.6, quintuplicando el límite de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que califica como una “epidemia de violencia” las tasas que superan los 8.8 homicidios por cada 100 mil habitantes.
En cuanto al narcotráfico, el Gobierno de Estados Unidos advirtió en 2017 que por Honduras pasaba 80.0% de la droga que se trasladó desde América del Sur hacia México y Estados Unidos. Según el reporte que ese año presentó el Departamento de Estado al Congreso estadounidense, Honduras se incluyó como uno de los mayores países de tránsito de drogas del mundo. Según sus estimaciones, cada mes transitan entre tres a cuatro toneladas de cocaína por Honduras.
LA NORMATIVA CONTRA LA VIOLENCIA Y EL CRIMEN ORGANIZADO
Como sucede con otras problemáticas, en las últimas décadas se identifican diferentes avances legales que promueven la prevención, detección y sanción de la violencia y el crimen organizado. No obstante, el problema no parece ser tanto un atraso en la legislación, sino más bien la falta de su efectiva aplicación, por las debilidades de las instituciones estatales.
El aumento de la criminalidad, inseguridad y violencia está asociada también a la debilidad del Estado de Derecho. Policías, fiscales y jueces enfrentan una crisis de legitimidad muy fuerte, derivada de la ausencia de controles internos que aseguren un desempeño eficiente y honesto; El combate a la inseguridad y violencia tiene como requisito la depuración de los operadores de justicia, en particular de la Policía. Los operadores de justicia son parte del problema; Los controles internos son frágiles y los controles externos son muy débiles o no existen; No existe voluntad política para realizar una depuración profunda que comience con las instancias más altas.
Con el deterioro de los operadores de justicia y el aumento de la inseguridad y violencia, la ciudadanía se siente indefensa y se involucra en un proceso de armamentismo social que agrava el fenómeno que se quiere combatir. Es muy alto el número de armas que circulan en la región; Hay sectores geográficos en los cuales el Estado tiene un control muy débil; El Estado no cumple con su función de garantizar la seguridad y delega esta función en aquellos que tienen recursos para pagarla.
Los partidos políticos carecen de equipos que conozcan y manejen el tema de la inseguridad, de ahí la inexistencia de una propuesta política coherente y contundente para enfrentar la criminalidad.
Sus propuestas se reducen a aumentar el presupuesto y el número de policías; Su énfasis se centra en convertir a los militares en policías, sin estar preparados para ello; Concentran su atención en el corto plazo y se olvidan del largo plazo; Impulsan el combate al delito y se olvidan de la prevención del mismo.
Conclusiones
En todo el 2019, el 86 % de los hondureños aseguró haber sido víctima de robo, un 7,4 % de hurto y el 1,9 % de extorsión, añade la encuesta del Observatorio de la Violencia, que contó con el apoyo del Instituto Nacional Demócrata. Un sondeo, realizado a finales de 2019 con una muestra de 3.000 personas por el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), detalla que el robo, el hurto y la extorsión fueron los delitos que más afectaron a los hondureños.
El 63,9 % de las víctimas no denuncia por “desconfianza en el sistema”, frente al 22,4 % que lo hizo ante la Policía Nacional. Entre quienes denunciaron ante las autoridades, el 45,7 % presentó el reclamo para recuperar sus pertenencias.
Sin embargo, el 71 % no tuvo respuesta oficial, un 52 % reportó que las fuerzas del orden no le asistieron, de acuerdo a datos de la encuesta del Observatorio de la Violencia de la UNAH.
Opinión
La criminalidad en Honduras ha crecido enormemente en los últimos años. La violencia y la proliferación del crimen organizado constituyen dos de los principales problemas en Honduras. Estos flagelos han desestabilizado el tejido social del país, socavando su desarrollo socioeconómico y erosionando su Estado de derecho. Además, han puesto a prueba la capacidad del Estado para combatirlos.
No solamente han crecido la inseguridad y violencia, ha crecido también la incapacidad del Estado para enfrentarlas. El aumento de la inseguridad y violencia está asociado al alto grado de impunidad de los delincuentes. Ineficiencia para producir resultados; Politización partidaria de las instituciones; Involucramiento delictivo de los operadores de justicia. La delincuencia puede ser un fenómeno que se produce sin violencia física o sicológica, por ejemplo, cuando se producen hurtos en un descuido de la víctima o en una casa sin habitantes.
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